El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo condenó en diciembre de 2008 a los integrantes de la Comisión de Gobierno de Gondomar a un año y seis meses de prisión e inhabilitación por ocho años, por un delito de prevaricación urbanística. Tras el recurso, la Audiencia rebajó en junio de 2010 la pena al ex alcalde, aunque mantuvo una pena de seis meses de prisión y le inhabilitó para ocupar un cargo público durante siete años.
El fallo considera que en el periodo entre febrero de 2005 y enero de 2006 se concedieron licencias urbanísticas de forma ilegal, ya que se aprobaron al amparo de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) anulado y con informes desfavorables de los técnicos municipales.
Carlos Silva dimitió entonces de sus cargos como concejal de Economía, Hacienda y Personal, así como de su puesto como vicepresidente en la Diputación Provincial de Pontevedra. El ex regidor eludió el pasado verano su ingreso en prisión al ser absuelto de otro delito de falsedad documental que hubiera supuesto su encarcelamiento.
Condenado en otra causa a quince meses de inhabilitación y multa de 135.000 euros por cohecho. El sistema que utilizaba y que declaró probado el tribunal popular consistía en solicitar importantes cantidades de dinero, según la Fiscalía hasta un millón de euros, por "no poner trabas" a los convenios urbanísticos que ya habían sido aprobados. Durante su declaración, Mosquera llegó a decir que el dinero estaba destinado a financiar la campaña del PP en Uruguay y la de partidos independientes, así como la escisión de los tránsfugas del PSOE que dos años más tarde acabarían propiciando una moción de censura.
Condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación
Condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación